2.1. La Agenda Digital para América Latina y el Caribe
El 22 de septiembre del 2016, se celebró en Montevideo la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe. Los países participantes decidieron adoptar la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2018), que establecía las cinco áreas de acción siguientes: acceso e infraestructura; economía digital, innovación y competitividad; Gobierno electrónico y ciudadanía; desarrollo sostenible e inclusión; y gobernanza para la sociedad de la información.
Esta Agenda Digital está inspirada y basada en la Agenda Digital de la UE, que hemos explicado anteriormente. De manera similar a como lo hace la agenda de la UE, parte de la Declaración de Lisboa, actualizándola y adaptándola al contexto latinoamericano.
En su preámbulo, la Conferencia establece que el acceso a las tecnologías digitales es clave para facilitar la igualdad de oportunidades, y que tendría un efecto multiplicador similar a la alfabetización de la lectoescritura. Tal y como se expone en la Conferencia, la mejora y el trabajo de las competencias digitales de la ciudadanía pueden contribuir a evitar el desempleo en un futuro cercano, teniendo en cuenta los actuales cambios que se están dando en los entornos laborales y profesionales, como la automatización impulsada en buena parte por el desarrollo de la inteligencia artificial, así como evitar la desigualdad de género en el trabajo, potenciar la eficiencia energética, o reducir el calentamiento global con medidas como la movilidad inteligente o el impulso de las ciudades inteligentes.
A continuación, listamos algunas peticiones concretas del texto de esta conferencia, y que consideramos bastante relevantes, según los contenidos tratados:
- Se pide que se potencien las competencias digitales en la formación escolar y profesional, pero, sobre todo, también las de las personas de edad avanzada y las desempleadas.
- Indican que los programas formativos de capacitación digital para las empresas y de reconversión tecnológica para los trabajadores tienen que constituir una prioridad y ser objeto de cooperación entre la Unión y América Latina.
- Se insta a la Unión y a América Latina a que cooperen en el desarrollo de metodologías y plataformas de aprendizaje adaptadas a los diferentes tipos de empresa, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas y en las personas con necesidades especiales, como los niños, las personas con diversidad funcional o de la tercera edad. Destacan la importancia de utilizar software libre como un mecanismo para fomentar el conocimiento abierto y la creación de espacios colaborativos al estilo de CAPS (podéis ver el apartado dedicado).
- Sin embargo, se pide promover una lucha enérgica contra la exclusión digital y las asimetrías de acceso, para incluir a toda la ciudadanía, y garantizar el derecho a la capacitación digital, independientemente de sus ingresos, situación social, género, discapacidad o situación geográfica; y poniendo especial énfasis en la Administración electrónica para hacerla más eficiente, accesible e inclusiva.
- También consideran capital una perspectiva integral de igualdad de género en las políticas públicas de desarrollo digital, asegurando el pleno acceso y uso de las TIC para las mujeres y las niñas, impulsando el papel de la participación y liderazgo de las mujeres en espacios públicos y privados de decisión en materia digital.
- La cuestión del software libre es clave en este documento. En este sentido, se pide apoyo a los estándares abiertos para favorecer el trabajo colectivo en materia de innovación, puesto que las fuentes abiertas y el libre acceso aceleran los procesos de innovación y mejoran la investigación y el desarrollo. Por lo tanto, hay que fomentar la interoperabilidad, la apertura, la independencia, la neutralidad tecnológica y la portabilidad de la información y los datos generados en cuanto al desarrollo de nuevas ideas, productos o servicios, como elementos promotores e impulsores de la innovación.
- El documento también tiene una clara posición en favor de la neutralidad de la Red. Pide que la UE y los países ALC trabajen para garantizar la seguridad jurídica en nombre de una neutralidad efectiva y una auténtica pluralidad de la Red. Y de manera explícita, pide que las medidas de gestión del tráfico de internet que bloqueen, ralenticen, alteren, restrinjan, interfieran, degraden o discriminen entre contenidos, aplicaciones o servicios concretos o categorías específicas solo se tendrían que permitir en casos excepcionales en los que sea necesario, y únicamente de manera temporal, para cumplir con los requisitos jurídicos, preservar la integridad y la seguridad de la Red o evitar su posible congestión. Estas medidas tienen que ser transparentes, no discriminatorias y proporcionadas, y no se pueden basar en consideraciones comerciales, sino en requisitos de calidad técnica del servicio objetivamente establecidos para categorías específicas de tráfico.
- La banda ancha es también una reivindicación clave en este documento: se considera que todos los ciudadanos deben tener acceso a un internet rápido y eficiente, y siempre integrador y equitativo, incluyendo así las zonas rurales, alejadas, ultraperiféricas y desfavorecidas.
Finalmente, hay que comentar que la Unión Europea y América Latina tienen una comunicación fluida, gracias a programas como @LIS y @ LIS2 de la Comisión Europea. Estos tienen como objetivos específicos la promoción del diálogo y de la sociedad de la información en América Latina, el estímulo y apoyo a la investigación sobre tecnologías de la información en América Latina y Europa, y el apoyo de la homogeneización y armonización de procesos reguladores en el sector de las telecomunicaciones en América Latina.
¿Qué es la neutralidad en la Red?
La neutralidad en la Red es una consideración de carácter ético que pide que todo el tráfico de internet reciba el mismo trato, sin discriminación, restricciones o interferencias, de manera independiente de su emisor, receptor, tipo, contenido, dispositivo, servicio o aplicación. Así, por ejemplo, si por razones económicas o políticas se considera que un contenido comercial producido por una empresa ha de tener más visibilidad que una web activista, se estaría vulnerando la neutralidad de la Red.
El vídeo siguiente es muy claro y reivindicativo: