1.1. La Declaración y los objetivos de Lisboa (2000)
La Declaración de Lisboa es un texto clave para entender una buena parte de las medidas recientes que ha tomado la Unión Europea, y también sobre otros temas diferentes.
Este consejo tenía como misión central preparar a la Unión para la ampliación que tuvo lugar en el 2004. Esto supuso discusiones sobre seguridad y defensa, así como una estrategia general para el siglo xxi, una de cuyas misiones clave era empujar a los países de la UE hacia una economía de la sociedad de la información.
Se trata de un texto que tiene como misión central establecer estrategias y objetivos. Algunos de estos son muy relevantes en cuanto a la inclusión electrónica o digital. Así, por ejemplo, en el artículo 9 leemos lo siguiente:
«[…] Todo ciudadano debe poseer los conocimientos necesarios para vivir y trabajar en la nueva sociedad de la información. Las distintas formas de acceso deben evitar la exclusión en relación con la información. Tiene que reforzarse la lucha contra el analfabetismo.»
Artículo 9. Declaración de Lisboa.
La estrategia global, planteada en el artículo 5, nos ayudará a entender las motivaciones que hay tras programas actuales como CAPS, Digital Skills and Jobs, Embajadores Digitales, etc., que trataremos más adelante.
«La Unión se ha fijado hoy un nuevo objetivo estratégico para la próxima década: convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social.»
Artículo 5. Declaración de Lisboa.
Es importante destacar que, además de las motivaciones económicas –llegar a ser la economía del conocimiento «más competitiva y dinámica del mundo»–, también se mencionan objetivos sociales, como sostenibilidad del crecimiento y, sobre todo, asegurar la cantidad y la calidad de los trabajos y la cohesión social. Esta preocupación social es una constante en las políticas y proyectos de la UE en relación con el tema de las TIC: crecimiento económico y paz social a partes iguales.
En el artículo 11 se hacen varias recomendaciones, entre las cuales está la de producir legislación en relación con temas específicos relacionados con las TIC, como el comercio electrónico, derechos de autor, problemas de jurisprudencia, etc.